La relación entre Carabineros de Chile y la gigante tecnológica Motorola Solutions se ha convertido en un foco recurrente de escrutinio público y judicial. Lo que debería traducirse en procesos transparentes de adquisición de equipos y servicios, vitales para la seguridad pública, ha estado empañado por denuncias de tratos directos millonarios, irregularidades en licitaciones, postergaciones indebidas de procesos de licitación y pagos «fuera de contrato», poniendo, nuevamente, en entredicho la probidad en una institución clave del Estado chileno. Tuvimos acceso a un documento que formula las consultas via transparencia a la institución y al Ministerio de Seguridad. En base a ello nacen una serie de dudas que quedan expresadas en la siguiente nota. Ya antes una situacion similar fue informada por los medios Interferencia y Radio Bio Bio entre otros.
El «Troncalazo» de miles de millones de pesos: La Madre de todas las Polémicas
La polémica más resonante se desató en marzo de 2023, cuando trascendió que Carabineros de Chile había desembolsado una cifra estratosférica de más de $62 mil millones de pesos chilenos a Motorola Solutions a través de un trato directo. Este pago buscaba asegurar la continuidad del crucial Sistema Troncalizado de Radiocomunicaciones P25, la espina dorsal de las comunicaciones policiales, cuyos contratos originales habían expirado en 2022.
La decisión de obviar una licitación pública, aduciendo la «urgencia» y la «exclusividad» del proveedor para no interrumpir un servicio esencial, generó un vendaval de críticas.
Para Motorola, este trato directo representó su contrato más cuantioso a nivel mundial, en el último trimestre de 2022, según reportes de la propia compañía.
La institución de Carabineros argumentó a su favor la complejidad técnica del proceso, la incompatibilidad con otros sistemas existentes y la falta de competencia en el mercado, argumentos que serian falsos , que significaron un desembolso multi millonario para el Estado de Chile, sin que la empresa haya efectuado nuevas inversiones ni tampoco haya modernizado o actualizado su tecnología, lo que terminó por encender las alarmas en los estamentos administrativos y de diversos actores políticos.
El contrato en cuestión es un arrendamiento del Sistema Trunking P25, formalizado en agosto de 2022 con Interexport Telecomunicaciones y Servicios S.A. – Motorola Solutions Chile S.A., y que buscó unificar 25 contratos de arrendamiento previos, evidenciando una dependencia histórica, y no casual, con este proveedor.
En la actualidad, hemos recibido información de que la institución de Carabineros de Chile está planificando una nueva renovación y extensión de esos contratos que bordearía 4 años adicionales.
Lo más grave está en que el jefe técnico de Carabineros, en el contrato de radio comunicación con Motorola, seria el coronel José Luis Riffo, quien se vincularía de parte de la Institución con el excomandante Bórquez, quién opera hoy como Gerente Comercial de la empresa Motorola, sin que consten en actas de transparencia de la Institución las innumerables reuniones entre ellos, viajes y acuerdos comerciales justificatorios de extensión, prórroga o renovación de los mismos contratos.
Las interrogantes se sitúan, además, en las excesivas dilaciones, insólitas, efectuadas por la institución, en relación con no generar instancias de licitación que permitan transparentar las contrataciones conforme a la legislación vigente, objetivando y mejorando precios y tecnologías, por medio de otras posibles empresas participantes.
Hasta el día de hoy, no se sabe cuáles son las instancias administrativas que ha generado la institución para posibilitar estos nuevos procesos licitatorios, por cuanto todo apunta a atrasos y falta de interés, no casuales, que la justicia podría identificar como eventuales delitos, por cuanto todo apunta a seguir manteniendo las contrataciones con la empresa Motorola.
En todas estas renovaciones no se conoce cuáles serían las inversiones adicionales que ha efectuado la empresa Motorola en el contrato de servicio, que justifiquen el pago de los mismos emolumentos reajustados del contrato original, el que habría considerado ya una amortización de la inversión inicial, en los en los primeros años de contrato, lo que generaría una utilidad desproporcionada para la empresa y un gasto excesivo para el Estado de Chile
La presencia de Motorola Solutions en Carabineros de Chile no se limita sólo a esta área crítica. La empresa ha sido un proveedor histórico de diversas soluciones tecnológicas, lo que ha consolidado una relación de dependencia que, para algunos expertos, limita la competencia y la posibilidad de obtener mejores precios o tecnologías alternativas con mejor desarrollo. Si bien, las licitaciones específicas de menor cuantía no siempre alcanzan el mismo nivel de escrutinio público, Motorola ha participado y se ha adjudicado contratos en áreas como: equipos de comunicación portátil y móvil; radios portátiles; radios vehiculares y equipos complementarios para el personal en terreno; sistemas de despacho y control; soluciones para la gestión de flotas y el despacho de unidades, esenciales para la coordinación operativa; servicios de mantenimiento y soporte técnico; contratos recurrentes para asegurar el funcionamiento óptimo de los equipos y sistemas instalados.
La controversia en torno a las licitaciones entre Carabineros y Motorola Solutions subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las compras públicas. La magnitud de los recursos involucrados y la criticidad de los equipos para la seguridad nacional exigen un estándar de probidad inquebrantable que, a la luz de los hechos, parece mantenerse en entredicho, esperando que instituciones como el Ministerio Público hagan su parte.
