«Una iniciativa liderada por el Instituto Nacional de Políticas Públicas busca identificar a personas con antecedentes de incendios intencionales y conductas sospechosas para reforzar la seguridad nacional.»
Prevención ante una amenaza creciente
En un esfuerzo por combatir los incendios intencionales que cada año devastan cientos de hectáreas en Chile, el presidente del Instituto Nacional de Políticas Públicas, Humberto García, ha propuesto la creación del Registro Nacional de Incendiarios y Pirómanos. La idea es registrar a personas vinculadas a incendios intencionales, ya sea por conducta delictual o negligencia, y poner esta información a disposición de empresas y organizaciones relacionadas con actividades de alto riesgo de incendios.
Un llamado urgente al Gobierno
Según se informó, esta semana un grupo de profesionales del medioambiente, encabezado por García, presentará una carta formal dirigida al Palacio de La Moneda y al Congreso Nacional, solicitando la creación de este registro como medida de seguridad pública.
“Un incendio intencional puede costar vidas humanas y generar pérdidas económicas incalculables”, señaló Humberto García. “En Chile, muchas comunidades están cerca de áreas boscosas y construcciones con materiales altamente inflamables, lo que incrementa el peligro.”
Categorías propuestas en el registro
El registro sugerido estaría compuesto por tres categorías específicas:
- Pirómanos: Personas diagnosticadas con el trastorno psicológico de piromanía, que sienten una compulsión patológica por iniciar incendios.
- Incendiarios: Individuos condenados judicialmente por delitos relacionados con incendios intencionales.
- Personas asociadas a incendios: Aquellos que han estado involucrados en situaciones sospechosas de incendios, aunque sin condena formal, pero con antecedentes documentados.
El rol de CONAF y Bomberos
Una de las propuestas más llamativas es la obligación de CONAF y Bomberos de Chile de reportar a aquellas personas que postulen a sus instituciones y que hayan sido rechazadas por conductas sospechosas o riesgosas. “Debemos cerrar todas las brechas posibles que permitan que personas con antecedentes peligrosos accedan a roles que impliquen contacto con actividades de riesgo”, afirmó García.
Marco legal y necesidad de regulación
Actualmente, el Código Penal chileno, en su artículo 476, establece penas de hasta 20 años de cárcel para quienes resulten responsables de generar un incendio intencional. Sin embargo, Humberto García señala que estas penas son insuficientes para prevenir tragedias.
“El último megaincendio en Valparaíso y Viña del Mar demuestra que la voluntad incendiaria puede superar cualquier medida de prevención existente”, subrayó el líder del Instituto Nacional de Políticas Públicas. “Un registro permitiría a empresas y comunidades identificar riesgos potenciales y tomar precauciones adicionales.”
Una propuesta bajo análisis
La propuesta está destinada a generar debate y discusión pública. De ser aprobada, podría convertirse en una herramienta preventiva sin precedentes en Chile, ofreciendo un mecanismo adicional para evitar tragedias y proteger comunidades vulnerables.
