Informe revela que recursos del Gobierno Regional habrían financiado sesiones de coaching con contenido político-electoral. Gobernación niega irregularidades y defiende legalidad del proceso.
La Contraloría General de la República emitió un informe que pone en entredicho el uso de fondos públicos por parte del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, liderado por el gobernador Claudio Orrego (DC), durante el período previo a su campaña de reelección en 2024. El documento de 154 páginas —producto de una auditoría a la gestión regional— sostiene que parte del presupuesto institucional fue destinado a actividades con una clara orientación político-electoral.
Según la investigación, el Gobierno Regional contrató por $31.366.179 a la consultora Vera y Asociados S.A., bajo el concepto de «asesoría especializada en gestión institucional». Esta asesoría contempló la realización de 52 sesiones de coaching directivo entre mayo y noviembre de 2023, de las cuales al menos 16 incluyeron contenidos explícitamente relacionados con estrategias de campaña, análisis electoral y posicionamiento personal del gobernador.
Entre los temas abordados en dichas sesiones, el informe detalla conversaciones sobre cómo enfrentar al Partido Republicano, el análisis de encuestas donde no figuraba Orrego como presidenciable y reflexiones sobre su reelección. Para la Contraloría, estos hechos podrían constituir un uso indebido de fondos públicos con fines políticos, lo que eventualmente podría derivar en acciones legales.
Frente a estos señalamientos, el Gobierno Regional emitió una declaración pública rechazando categóricamente cualquier mal uso de los recursos institucionales. Argumentaron que el proceso de coaching formaba parte de un plan integral de fortalecimiento directivo iniciado en 2021, con foco en mejorar la gestión pública y las habilidades de liderazgo de los equipos regionales.
“Dado que el coaching directivo busca fortalecer habilidades blandas y toma de decisiones en contextos complejos, no puede estar completamente ajeno a la contingencia política, social y económica en que se desenvuelven las autoridades”, señaló la gobernación metropolitana.
Este nuevo episodio se suma a otros cuestionamientos que han rodeado la administración de Orrego, como el caso de la asignación directa de $1.683 millones a la fundación ProCultura, hecho por el cual la Fiscalía lo ha citado como imputado por eventual tráfico de influencias.
La Contraloría, por su parte, continuará con el proceso disciplinario para establecer responsabilidades administrativas y determinar si corresponde la remisión de antecedentes al Ministerio Público. El caso se instala así como un nuevo hito en la fiscalización del uso de fondos públicos en el marco de campañas políticas, en un contexto donde se refuerza la demanda ciudadana por mayor probidad y transparencia en la función pública.
Fuente: Ex-Ante
