En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2026, el Gobierno resolvió trasladar la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes (UCAIA) desde el Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio del Interior. La medida generó cuestionamientos desde el Congreso respecto de su justificación y de sus efectos en la institucionalidad indígena.
Para analizar el tema, conversamos con Javier López Huentemil, exdirector regional metropolitano de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
El diputado republicano Stephan Schubert señaló que “nunca se nos explicó la razón de por qué se hizo esto y solo nos percatamos al votar las partidas”. ¿Comparte que hubo falta de justificación en el cambio de dependencia de la UCAIA?
Cuando se altera la dependencia de una unidad estratégica en materia indígena, lo esperable es que exista una fundamentación política y técnica explícita. Estos cambios no son meramente administrativos, sino que inciden en la orientación de la política pública. Si la decisión se conoció principalmente en el marco de la votación presupuestaria, es comprensible que surjan cuestionamientos. Probablemente no falló tanto el fondo de la decisión como la forma y oportunidad en que se comunicó, lo que pudo haberse abordado con mayor claridad y anticipación.
¿Qué relevancia tiene abordar la política indígena desde el Ministerio del Interior y no solo desde una cartera social?
Puede resultar una oportunidad para cambiar el paradigma del tema indígena, pasando de una mirada predominantemente social y asistencialista a una perspectiva más política e institucional. En regiones como La Araucanía, donde existe una situación compleja y de larga data, la política indígena requiere complementarse con una dimensión política e institucional más robusta. Los programas y subsidios cumplen un rol relevante, pero por sí solos no abordan integralmente los desafíos vinculados al diálogo, la convivencia y la construcción de acuerdos sostenibles en el tiempo.
Situar la coordinación en Interior permite integrar estos objetivos dentro de una estrategia de gobernanza más amplia, vinculada a la estabilidad institucional, la seguridad pública y los esfuerzos de paz en la región, orientada a la construcción de acuerdos duraderos.
¿Existen riesgos en este cambio institucional?
Sí, existen riesgos si no se delimitan claramente las competencias y los ámbitos de acción. Puede generarse dispersión o duplicidad con la Conadi en Desarrollo Social, afectando la coherencia institucional y la eficiencia en la gestión. Por ello, el traslado debe ir acompañado de una definición precisa de funciones, protocolos formales de coordinación interministerial y una planificación adecuada que asegure consistencia normativa y operativa. De lo contrario, el cambio podría debilitar la institucionalidad en vez de fortalecerla.
