Durante más de una década, la Fundación Municipal para el Desarrollo de Graneros operó como el brazo cultural de la comuna. Creada en 2013 bajo la administración del entonces alcalde Claudio Segovia, la entidad coordinaba talleres, actividades y proyectos financiados con recursos públicos provenientes de distintos organismos. Su funcionamiento parecía rutinario, hasta que una auditoría de la Contraloría General de la República reveló un desorden financiero de proporciones.
Un origen que parecía inofensivo (2013–2022)
La fundación nació con un mandato claro: promover iniciativas culturales y artísticas en Graneros. Durante años recibió aportes municipales y regionales, y Segovia —alcalde desde 2012— presidió la institución hasta 2024. Su continuidad al mando permitió que la fundación operara con estabilidad, pero también con escasa supervisión externa.
El periodo crítico: transferencias sin control (2023–2024)
Entre enero de 2023 y diciembre de 2024, la fundación recibió recursos desde cinco organismos públicos:
- Municipalidad de Graneros
- Gobierno Regional de O’Higgins
- Instituto Nacional de Deportes (IND)
- Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat)
- Subsecretaría de las Culturas y las Artes
Los fondos estaban destinados a proyectos culturales, deportivos y comunitarios. Sin embargo, al momento de rendir cuentas, comenzaron a aparecer inconsistencias.
La primera alerta: una denuncia silenciosa (septiembre de 2025)
En septiembre de 2025, el Gobierno Regional de O’Higgins presentó una denuncia por posible fraude al fisco. Tras revisar en terreno un proyecto financiado por el GORE, funcionarios constataron que parte de las actividades rendidas por la fundación eran “materialmente imposibles de haber sido ejecutadas”. Esa denuncia fue el primer antecedente formal que llegó al Ministerio Público.
El golpe institucional: el informe de Contraloría (diciembre de 2025)
En diciembre de 2025, la Contraloría emitió el Informe Final N°727, resultado de una auditoría programada dentro del plan anual de fiscalización. El documento reveló:
- $358 millones sin rendición adecuada o con respaldo insuficiente.
- Documentos tributarios duplicados.
- Boletas de honorarios anuladas y reemitidas con montos superiores, generando un aumento total de $3,3 millones.
- Orden de restituir los fondos a los cinco organismos públicos.
El informe fue remitido a la fiscalía, activando una investigación penal.
La reacción del municipio: querella y distanciamiento (diciembre de 2025)
Ese mismo mes, la Municipalidad de Graneros —ya bajo la administración del alcalde Marcelo Miñañir— presentó una querella por malversación de caudales públicos contra quienes resulten responsables.
En la acción judicial se incorporó un memorándum firmado por el exalcalde Segovia, instruyendo en octubre de 2024 la transferencia de $43 millones a la fundación pese a que existían rendiciones pendientes de años anteriores.
Consultado por CIPER, Segovia defendió su gestión:
“Aquí no hay dolo, no hay delito, no hay falta por corrupción, sino falta de rigor (…) los proyectos se hicieron, los recursos se invirtieron”.
Atribuyó la responsabilidad de regularizar las rendiciones a la administración actual.
Las otras aristas: demandas y cobros pendientes (2025–2026)
El caso no quedó solo en manos del municipio y el GORE. Otros organismos también iniciaron acciones:
- Serpat presentó una demanda ejecutiva para recuperar fondos.
- La Subsecretaría de las Culturas espera que el Consejo de Defensa del Estado realice el cobro correspondiente.
- El IND ordenó la restitución de recursos, proceso que aún no se concreta.
Cada institución busca recuperar su parte de los $358 millones observados.
El presente: una investigación abierta y sin resultados (febrero de 2026)
La Fiscalía Regional de O’Higgins confirmó que el caso está con orden de investigar, pero hasta ahora no existen resultados públicos de las diligencias. No hay formalizados ni imputaciones, y la restitución de fondos sigue pendiente en varios organismos.
Mientras tanto, la fundación —que alguna vez fue símbolo de la vida cultural de Graneros— se encuentra en el centro de una trama administrativa y judicial que aún no termina de resolverse.
Más allá del contexto político, llama la atención el flujo de recursos públicos hacia una entidad que ya acumulaba cuestionamientos administrativos. Fuentes locales consultadas señalan que el actual alcalde, Marcelo Miñañir, ha impulsado diversas gestiones internas para ordenar el municipio y transparentar situaciones heredadas, entre ellas las observaciones vinculadas a la fundación. Las mismas fuentes plantean también críticas hacia el gobernador Pablo Silva y el Gobierno Regional, apuntando a que no se habrían advertido a tiempo señales que hoy resultan relevantes para la investigación. En este escenario, solicitaremos una entrevista con el gobernador regional para conocer cuáles serán sus acciones concretas frente a este caso. Del mismo modo, buscaremos la posición del Ministerio Público respecto de las diligencias en curso y de la ausencia de imputados o formalizaciones hasta la fecha.
