Paula Lobato Ortega
Psicóloga Diplomada en intervención Multigeneracional
Ser psicóloga en el área social durante una década permite tener una visión clara y crítica de la realidad que enfrentan los profesionales de las ciencias sociales en Chile. Este ámbito, aunque profundamente significativo, se ve atravesado por desafíos estructurales que impactan directamente en quienes trabajan en la primera línea. Las altas exigencias, la complejidad de los casos y las deficientes condiciones laborales conforman un panorama desalentador, pero no desconocido.
Cargas invisibles y un sistema que no da tregua
La labor en este campo está marcada por una alta carga administrativa, con constantes cambios en protocolos y procedimientos que dificultan el flujo del trabajo. Esto, sumado a las licencias médicas por estrés, genera un escenario de desgaste emocional que parece no tener fin. A ello se suma la atención de temáticas altamente complejas, muchas de las cuales exigen habilidades y herramientas que no siempre están disponibles para todos los profesionales.
La situación se ve agravada por sueldos insuficientes en comparación con las exigencias del cargo, lo que fomenta una alta rotación de personal. Este fenómeno impacta tanto en los profesionales como en los usuarios, especialmente en los niños, niñas y adolescentes que sufren la falta de continuidad en sus procesos de intervención.
Factores externos: el peso de lo económico y la falta de validación
Gran parte de los problemas se originan en aspectos económicos y en la falta de reconocimiento a la labor de estos profesionales. En los organismos colaboradores del Estado, que son piezas clave del sistema de protección, los recursos suelen ser insuficientes y mal distribuidos. En lugar de priorizar el impacto cualitativo del trabajo realizado, las supervisiones y fiscalizaciones ponen el foco en lo cuantitativo, tratando a los niños como cifras dentro de una subvención mensual.
El llamado a un cambio estructural
Una de las propuestas más urgentes para mejorar esta situación es que los programas de protección y atención sean gestionados directamente por el Estado, eliminando la intermediación de instituciones privadas. Esto permitiría garantizar mejores condiciones laborales, salarios más justos y una menor rotación de personal. Al mismo tiempo, se aseguraría la continuidad en la atención a los usuarios, evitando la revictimización que supone cambiar constantemente de terapeuta.
La vocación como motor de cambio
A pesar de los desafíos, la vocación y el compromiso de los profesionales son el motor que mantiene en pie este sistema. Las visitas domiciliarias en contextos de riesgo, el trabajo con familias en situaciones adversas y la intervención en problemáticas complejas son una muestra de la resiliencia y dedicación de quienes trabajan en la primera línea. Sin embargo, la esperanza de un cambio no puede recaer únicamente en la voluntad de los trabajadores; el sistema debe transformarse para garantizar un entorno laboral justo y efectivo, que permita generar un impacto real en la infancia y adolescencia de Chile.
Este es un llamado urgente a reconocer y dignificar el trabajo de quienes están en la primera línea, abogando por una reestructuración profunda que permita a estos profesionales continuar siendo agentes de cambio, pero en un sistema que les respalde y valore como lo que realmente son: pilares fundamentales para el bienestar social.
