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Soledad, aislamiento e inseguridad: una crisis silenciosa que afecta a las personas mayores.

En Chile, más de 530.000 personas mayores viven solas, según cifras del Observatorio del Envejecimiento UC–Confuturo. El Censo 2024 confirma que la cifra se acerca a los 600.000 hogares unipersonales de personas mayores, lo que revela un fenómeno creciente de aislamiento social. Esta realidad se cruza con otro dato alarmante: los delitos contra adultos mayores aumentaron un 86,8% en los últimos cinco años, con más de 118.000 víctimas registradas en 2024, principalmente por robos en viviendas habitadas, estafas y asaltos.

“Estamos frente a una crisis silenciosa”, advierte Michel Toledo, presidente de la Fundación Derechos Mayores. «La soledad no deseada y el aislamiento social no son solo problemas individuales, son fenómenos sociales que aumentan la vulnerabilidad y afectan el ejercicio de derechos fundamentales. Una sociedad que deja solas a sus personas mayores también debilita su cohesión y su sentido comunitario».

El rostro de la inseguridad

Los datos de Carabineros muestran que entre 2018 y 2024 los delitos violentos contra personas mayores pasaron de 48.586 a 60.617 casos, con un incremento sostenido en la Región Metropolitana, que concentra el 36% de los ilícitos. Toledo subraya que “Vivir solo no debe ser sinónimo de inseguridad, y la ausencia de redes de apoyo, acompañamiento y participación comunitaria puede aumentar la exposición de las personas mayores a situaciones de abuso, estafas, delitos y vulneraciones de derechos”.

Desde la Fundación Derechos Mayores se plantean varias líneas de acción:

  • Política pública integral: “El Estado debe promover la integración comunitaria, la participación social y condiciones que prevengan el aislamiento y la exclusión de las personas mayores. En este contexto, la seguridad y la conexión social forman parte de un mismo desafío de derechos humanos que requiere políticas públicas integrales y sostenidas».
  • Redes comunitarias de apoyo: “Necesitamos que los municipios impulsen programas de acompañamiento comunitario, donde las personas mayores tengan un referente cercano que los visite y los incluya en actividades”, señala Toledo.
  • Prevención focalizada: Campañas de seguridad específicas para personas mayores, con énfasis en la protección de viviendas y la detección temprana de estafas.
  • Tecnología accesible: Promover dispositivos de alerta y comunicación rápida para que las personas mayores puedan pedir ayuda en caso de emergencia.

Una urgencia social
Desde la Fundación Derechos Mayores advierten que el aislamiento social no debe entenderse únicamente como una situación individual, sino como un fenómeno estructural vinculado al envejecimiento acelerado de la población, el debilitamiento de redes comunitarias y la falta de adaptación de las políticas públicas a esta nueva realidad demográfica.

El presidente de la Fundación Derechos Mayores, Michel Toledo Ortiz, concluyó señalando que “Chile envejeció y no está preparado. Hoy enfrentamos una realidad donde cientos de miles de personas mayores viven solas, mientras nuestras ciudades, comunidades y políticas públicas siguen funcionando bajo una lógica que no reconoce el impacto del envejecimiento poblacional. Los estándares internacionales impulsados por Naciones Unidas y la Convención Interamericana son claros: las personas mayores tienen derecho a vivir con seguridad, participación social y redes de apoyo reales. El desafío no es solo combatir la delincuencia, sino construir una sociedad capaz de envejecer con dignidad”.

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