Fuentes: ABC News, CBS, Newsday, CNBC, Al Jazeera, cobertura internacional en desarrollo.
Caracas aún no amanece políticamente del todo. En la madrugada del 3 de enero de 2026, una sucesión de explosiones, cielos rasgados por aeronaves y apagones selectivos en la capital venezolana marcaron el inicio de la operación más audaz de Estados Unidos en América Latina en décadas: la captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en pleno corazón militar del chavismo. Horas después, Maduro aterrizaba en Nueva York bajo custodia estadounidense, mientras el presidente Donald Trump anunciaba que su país “correrá” Venezuela durante una transición que aún nadie sabe bien cómo se administrará.
Cómo y a qué hora ocurrió la captura
Los primeros indicios se registraron en torno a las 2:00 a.m. hora local, cuando habitantes de Caracas reportaron al menos siete explosiones y el paso de aeronaves volando bajo sobre la ciudad. Una de las zonas afectadas fue Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país y sede de la residencia de Maduro. Imágenes satelitales posteriores mostraron daños significativos en el área, confirmando que fue uno de los epicentros del ataque.
Según autoridades estadounidenses, la operación se ejecutó bajo condiciones de completa oscuridad: Trump llegó a afirmar que Estados Unidos “apagó casi todas las luces de Caracas” utilizando capacidades tecnológicas específicas. Sobre el terreno, la acción fue conducida por la unidad de élite Delta Force del Ejército de EE.UU., apoyada por unas 150 aeronaves entre aviones y helicópteros, en un asalto que habría durado menos de 30 minutos desde el ingreso de las tropas hasta la salida con el mandatario detenido.
Maduro y Cilia Flores fueron capturados dentro de su residencia en Fuerte Tiuna, sin intercambio prolongado de fuego según la versión oficial estadounidense, que afirma que ambos “se rindieron” durante el operativo. Tras ser aprehendidos, fueron trasladados al buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe como parte de una armada de apoyo, y luego llevados a territorio estadounidense.
De Caracas a Nueva York: el nuevo estatus de Maduro en la justicia estadounidense
Horas después de la operación, Maduro llegó a un pequeño aeropuerto en Nueva York y fue trasladado al Metropolitan Detention Center, en Brooklyn, donde permanece detenido. Las autoridades judiciales confirmaron que el exmandatario comparecerá el lunes a mediodía ante una corte federal, en el marco de una acusación que lo presenta como líder de una conspiración de narco–terrorismo de 25 años.
La captura se apoya en una base judicial que no es nueva. En 2020, Maduro ya había sido imputado por el Departamento de Justicia por conspiración de narcotráfico y narcoterrorismo, con acusaciones de haber utilizado el Estado venezolano como plataforma para inundar de cocaína el mercado estadounidense. Lo nuevo es la actualización y ampliación de esa acusación: la fiscal general Pam Bondi anunció una nueva imputación que incluye conspiración de narco–terrorismo, conspiración para importar cocaína a EE.UU., posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento en contra de Estados Unidos.
La administración Trump sostiene que la operación fue, en esencia, una acción de “law enforcement” respaldada por poder militar, más que una invasión o guerra declarada: el objetivo principal, afirman, era asegurar la presencia de Maduro en un tribunal estadounidense para enfrentar cargos penales, no ocupar el país de forma convencional.
El rol de Cilia Flores: por qué también fue detenida
Cilia Flores no aparece en esta historia solo como acompañante. Fue capturada junto a Maduro y enfrenta cargos similares, en tanto presunta co–conspiradora en la red de narco–terrorismo descrita por el Departamento de Justicia. Según lo comunicado por la fiscalía y por la administración Trump, la primera dama habría formado parte de la estructura que, desde el aparato estatal, facilitó el tráfico de cocaína y el apoyo a organizaciones consideradas terroristas.
Su detención se enmarca en un historial en el que el entorno familiar y político de Flores ya estaba bajo sospecha desde hace años, especialmente tras el caso de los “narcosobrinos”, cuando dos de sus familiares fueron condenados en EE.UU. por intentar introducir cocaína al país. Ahora, el relato oficial refuerza la idea de que la pareja presidencial operaba como núcleo político de una organización criminal con alcance regional.
El “Cartel de los Soles” y otros delitos que pesan sobre Maduro
En el corazón de las acusaciones se encuentra la figura del llamado “Cartel de los Soles”: una red integrada, según investigaciones estadounidenses y de otros países, por altos mandos militares y funcionarios venezolanos que habría utilizado la infraestructura del Estado —incluidos puertos, aeropuertos y bases militares— para mover cocaína a gran escala hacia Estados Unidos y Europa.
Washington sostiene que el gobierno de Maduro, lejos de combatir estas estructuras, las integró y potenció, convirtiendo a Venezuela en un “narco–Estado”. Entre los delitos imputados se incluyen no solo el tráfico de drogas, sino el apoyo material a organizaciones designadas como terroristas y el uso de grupos criminales, como el Tren de Aragua y otros, como brazos operativos dentro y fuera de Venezuela.
La nueva acusación describe al gobierno de Maduro como un “gobierno corrupto e ilegítimo alimentado por una operación de narcotráfico que inundó a Estados Unidos de cocaína”, ubicando así los cargos en una narrativa de seguridad nacional para justificar la magnitud del operativo.
Qué pasará ahora en Venezuela: transición tutelada, vacío de poder y cuarentena petrolera
Mientras Maduro se prepara para oír los cargos en Nueva York, el país que gobernó por más de una década se encuentra en una encrucijada. Trump ha declarado públicamente que Estados Unidos “va a correr el país” durante un período de transición, asegurar una “transición segura, adecuada y juiciosa” y “poner a producir el petróleo” de Venezuela para venderlo a otros países.
En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio ha explicado que Washington ha impuesto una “cuarentena del petróleo”: una medida que, según sus palabras, impide que la economía venezolana “se mueva” hasta que se cumplan ciertas condiciones que EE.UU. considera alineadas con sus intereses y, afirma, con los del pueblo venezolano. Rubio enfatiza que EE.UU. no reconoce como legítimo al gobierno heredero de Maduro ni a sus autoridades surgidas de elecciones consideradas fraudulentas, y que la legitimidad futura deberá surgir de un periodo de transición y elecciones reales.
En Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina, mientras ella exige la liberación de Maduro y lo sigue reconociendo como líder legítimo. Sin embargo, la administración Trump ha dejado claro que no la reconoce como tal y que su rol, por ahora, no goza de legitimidad ante Washington. En las calles, se entremezclan movilizaciones de simpatizantes de Maduro, expresiones de celebraciones opositoras y una profunda incertidumbre frente a la idea de que un país extranjero “dirija” de facto el rumbo inmediato de Venezuela.
Trump, el Congreso y el debate sobre la legalidad de la operación
La operación abre otra batalla, esta vez en Washington. Aunque Trump se ha presentado como el artífice de una acción “extremadamente exitosa” que, según él, reducirá drásticamente el flujo de drogas hacia Estados Unidos y permitirá controlar recursos petroleros claves, expertos legales y críticos en el propio país han comenzado a cuestionar la legalidad de la intervención.
La acción se llevó a cabo sin una declaración formal de guerra ni una autorización específica del Congreso. Varios especialistas en derecho internacional y constitucional señalan que el uso de fuerza para capturar a un jefe de Estado en territorio soberano, con un despliegue militar de tal magnitud, tensiona los límites de la legislación estadounidense y del derecho internacional. El debate en el Congreso promete centrarse en hasta qué punto el Ejecutivo puede invocar la defensa frente a amenazas de narco–terrorismo para justificar este tipo de operaciones.
Mientras tanto, la administración insiste en que se trata de una extensión de una campaña ya en marcha: meses de incremento de presencia militar en la región, ataques a más de 30 embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico y una narrativa de “quarantena petrolera” y de “protección de la seguridad nacional” como marco habilitante.
Reacciones internacionales: condena, alarma y un precedente incómodo
Fuera de Estados Unidos, la captura de Maduro ha provocado reacciones contundentes. China, Rusia e Irán —aliados del gobierno venezolano— han condenado la operación, denunciando una violación flagrante de la soberanía de Venezuela y advirtiendo sobre el precedente que implica la captura de un jefe de Estado en funciones mediante un ataque militar nocturno.
Organismos internacionales, analistas y gobiernos de la región observan con preocupación la idea de que un país declare a otro como un “narco–Estado” y proceda a capturar a su presidente bajo el paraguas de la lucha contra el narcoterrorismo. Para algunos, se trata de una posible nueva doctrina de intervención; para otros, de la culminación de años de confrontación política con un régimen acusado de autoritarismo, corrupción y violaciones masivas de derechos humanos.
La pregunta que ahora recorre cancillerías, parlamentos y organismos multilaterales es doble: ¿podrá la captura de Maduro abrir la puerta a una transición democrática ordenada en Venezuela o desatará un ciclo aún más profundo de inestabilidad, tutelaje externo y confrontación geopolítica?
