El testimonio ofrecido por el secretario ejecutivo de Revolución Democrática (RD), Edson Dettoni, al Ministerio Público el pasado 11 de agosto en Antofagasta ha traído a la luz un asunto que ha sacudido la política chilena en los últimos meses: la transferencia de recursos del Estado a la fundación Democracia Viva, ligada a uno de los partidos oficialistas en el Frente Amplio, y lo que se ha denominado el «Caso Convenios».
Entre las revelaciones del testimonio, destaca la afirmación de Dettoni de que la diputada Catalina Pérez, militante de RD, estaba al tanto de los convenios millonarios suscritos por su entonces pareja, Daniel Andrade, con el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, en el año 2022. Esto ha puesto en cuestión la versión oficial mantenida por Pérez hasta ahora.
Dettoni señaló que fue Andrade quien le confesó que Pérez tenía conocimiento de los convenios, lo que contradice las declaraciones iniciales de Romina Neumann, jefa de gabinete de la diputada, quien había sostenido que Pérez no estaba al tanto de los acuerdos. La situación cambió el 21 de junio de 2023, cuando Dettoni recibió información de que Pérez sí tenía conocimiento de los convenios entre marzo y mayo de ese año.
Las revelaciones del secretario ejecutivo de RD han sacudido el escenario político chileno y plantean nuevas preguntas sobre la participación y el conocimiento de Catalina Pérez en el controvertido asunto de los convenios millonarios. Es importante subrayar que la propia diputada ha reconocido su error en el asunto, aunque ha rechazado haber cometido algún delito y ha indicado que los responsables deberán asumir las consecuencias correspondientes.
En todo caso, el compromiso del Gobierno y del Presidente Gabriel Boric es claro: los hechos deben ser investigados de manera autónoma y exhaustiva, para determinar posibles responsabilidades penales y administrativas, y aplicar las sanciones que correspondan conforme a la ley. Es necesario que las instituciones cumplan con su deber en este caso y se haga justicia, para restablecer la confianza en la política y asegurar la transparencia y la honradez en el manejo de los recursos públicos.
