Evópoli Acudirá a Contraloría por el Nombramiento de Emilia Ríos como Subsecretaria de Deportes
El partido Evópoli ha anunciado que recurrirá a la Contraloría General de la República para solicitar una revisión del nombramiento de Emilia Ríos como nueva Subsecretaria de Deportes. Según el jefe de la bancada de Evópoli, diputado Jorge Guzmán, la designación de la excaldesa de Ñuñoa podría ser ilegal, ya que no se ajustaría a las normativas establecidas.
Polémica por el Nombramiento
El nombramiento de Emilia Ríos, quien recientemente dejó su cargo como alcaldesa de Ñuñoa tras perder en las elecciones municipales frente a Sebastián Sichel, ha causado polémica. La exalcaldesa del Frente Amplio renunció a su puesto argumentando la necesidad de cumplir con los plazos legales para una eventual candidatura en 2025. Sin embargo, al ser nombrada subsecretaria del Ministerio del Deporte solo días después de su renuncia, se levantaron cuestionamientos sobre la legalidad de su designación.
El diputado Guzmán criticó la rapidez con la que Ríos asumió el nuevo cargo gubernamental y destacó que podría haber un conflicto legal. “El artículo 57 de la Constitución establece que los subsecretarios no pueden postular como diputados o senadores. Entonces, si renunció para ser subsecretaria y no para postular, debió contar con la aprobación de 2/3 del Concejo Municipal, lo que no ocurrió”, explicó Guzmán a través de sus redes sociales.
Argumentos Legales y Dudas Constitucionales
El principal punto de disputa radica en si Emilia Ríos renunció efectivamente con la intención de postular a un cargo parlamentario, lo que haría incompatible su nuevo rol en el Ministerio del Deporte. Según la Constitución, los subsecretarios no pueden presentarse como candidatos al Congreso mientras ocupen ese cargo. Además, si la renuncia de Ríos no fue presentada para efectos de asumir una nueva función ministerial, habría sido necesario obtener el consentimiento de 2/3 del Concejo Municipal, un procedimiento que, de acuerdo con Guzmán, no se llevó a cabo.
Evópoli busca que Contraloría aclare si este nombramiento vulnera la legislación vigente, dado que cualquier irregularidad podría tener implicancias legales y políticas para la gestión del Gobierno.
