En una acción dirigida a la Contraloría General de la República, los diputados de Renovación Nacional (RN) Ximena Ossandón, Hugo Rey y Andrés Celis solicitaron una auditoría exhaustiva sobre los recursos públicos transferidos durante 2023 desde el Instituto Nacional de Deportes (IND) a la Corporación “XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023”.
El objetivo de esta medida es aclarar los cuestionamientos respecto al uso de fondos públicos asignados a la Corporación, que organizó los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023. Según los parlamentarios, preocupa que, tras la culminación del evento, esta entidad continúe recibiendo financiamiento público, en particular para el pago de altos sueldos de ejecutivos.
Recursos fiscales en la mira
De acuerdo con los diputados, en la Ley de Presupuestos de 2024 se destinaron más de $16 mil millones a la Corporación, y el proyecto de Ley de Presupuestos de 2025 contempla nuevos recursos. Sin embargo, observan incongruencias en la asignación de fondos, especialmente para la contratación de personal con remuneraciones elevadas.
Entre los casos destacados se encuentra el del Director de Comunicaciones y Comunidades, Felipe Bianchi, quien percibió sueldos mensuales entre $6,8 millones y $8,3 millones, a pesar de que la Corporación ya no estaría desarrollando actividades comunicativas. Asimismo, el Director Ejecutivo, Harold Mayne-Nicholls, continúa recibiendo una remuneración superior a $8 millones, lo que genera dudas sobre la justificación de estos egresos.
Transparencia y rendición de cuentas
Los legisladores señalaron que esta situación afecta la confianza en el uso de recursos fiscales y destacaron la importancia de una transparencia total. Según la diputada Ossandón, “es fundamental que se aclare en qué se están utilizando estos dineros, más aún cuando se trata de fondos que provienen de todos los chilenos”.
Por su parte, el diputado Celis afirmó que solicitarán un seguimiento riguroso por parte de la Contraloría, no solo sobre los recursos ya ejecutados, sino también sobre los contemplados en los presupuestos futuros.
Este caso pone en evidencia la necesidad de mayores controles en la administración de recursos asignados a organizaciones temporales que, pese a haber cumplido su propósito original, siguen percibiendo financiamiento público.
