El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, enfrenta una investigación por alta traición y abuso de poder tras su fallido intento de imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre de 2024. La Fiscalía Superior de Seúl, dirigida por Park Se-hyun, confirmó la apertura del proceso y la detención del exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, señalado como pieza clave en la planificación de la medida.
El decreto, sin precedentes desde los años 80, otorgaba poderes amplios al Ejército para controlar la seguridad interna y restringir libertades civiles, pero fue revocado tras fuertes protestas ciudadanas y oposición parlamentaria. La ley marcial fue anulada en menos de 24 horas.
En medio de la crisis, el primer ministro, Han Duck-soo, anunció que Yoon se apartaría temporalmente del gobierno mientras se negocia una transición ordenada. Aunque evitó la destitución gracias al boicot del Partido del Poder del Pueblo (PPP) en el Parlamento, la oposición promete presentar mociones semanales para su salida.
Protestas masivas estallaron en Seúl, donde miles de manifestantes exigen la renuncia y arresto del presidente. La oposición acusa a Yoon de intentar un golpe de Estado al usar al Ejército para evitar una votación parlamentaria en su contra, violando gravemente la Constitución surcoreana.
La comunidad internacional sigue con atención la crisis en Corea del Sur, un aliado estratégico de Estados Unidos en Asia. La inestabilidad política podría afectar las relaciones con Washington, Japón y la gestión de amenazas regionales como Corea del Norte. Una eventual sucesión izquierdista podría cambiar la política exterior hacia una postura más conciliadora con China, Rusia y Corea del Norte.
