La crisis fiscal en Chile ha alcanzado niveles alarmantes, con retrasos en pagos a funcionarios públicos y una deuda histórica que pone en jaque la estabilidad económica del país. Según un exhaustivo reportaje de CIPER Chile , durante los últimos cuatro años, la denominada «deuda flotante» del sector público se ha duplicado, pasando de $1,39 billones a fines de 2021 a $2,67 billones en 2024. Esta situación no solo refleja una grave estrechez fiscal, sino también una falta de planificación que afecta directamente a miles de chilenos.
El peso de las deudas aplazadas
Uno de los indicadores más preocupantes de esta crisis es el aumento de las deudas aplazadas por parte del gobierno. En 2024, diez de las 16 gobernaciones regionales informaron que quedaron pendientes pagos por $89 mil millones, los cuales fueron postergados para 2025. Además, se han registrado retrasos en la cancelación de bonos a funcionarios públicos y solicitudes para diferir pagos que debieron realizarse el año pasado.
Un encargado de finanzas de un ministerio, citado por CIPER Chile , describió la situación como «algo nunca antes visto». Estos retrasos no solo afectan la operatividad del Estado, sino que también generan incertidumbre entre los trabajadores que dependen de esos ingresos para sostener a sus familias.
Decisiones controvertidas y su impacto
La gestión financiera del actual gobierno ha sido objeto de críticas debido a decisiones consideradas inusuales e irresponsables. Un ejemplo claro es la solicitud de transferencia de $3,4 billones desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al fisco para financiar gastos estatales entre 2023 y 2024. Aunque esta acción no es ilegal, ha generado controversia, especialmente porque se realizó en ausencia de una crisis económica que la justificara.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la medida argumentando que evitó un aumento en el endeudamiento y en los costos de intereses. Sin embargo, expertos y parlamentarios han manifestado su preocupación por el manejo fiscal. Según un análisis publicado por El País , estas decisiones podrían comprometer aún más la credibilidad del gobierno y la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Llamados urgentes a la acción
El Consejo Fiscal Autónomo calificó como «preocupante» el desvío de la meta de balance estructural, instando al gobierno a ajustar el gasto público en 2025 para acercarse al cumplimiento de los objetivos fiscales. Según un artículo de La Tercera , la acumulación de deudas y los retrasos en pagos no solo afectan la economía, sino que también erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
«Es imperativo que el gobierno implemente medidas correctivas urgentes», señaló un economista consultado por nuestro medio. «Sin una gestión fiscal más transparente y eficiente, corremos el riesgo de profundizar la crisis económica y social en el país».
Impacto en la vida cotidiana
Esta crisis no es solo un tema de números; tiene un impacto directo en la vida de los chilenos. Los retrasos en pagos a funcionarios públicos, por ejemplo, afectan principalmente a trabajadores de la salud, educación y seguridad, quienes ya enfrentan condiciones laborales precarias.
«Es frustrante no saber cuándo recibiré mi sueldo», comentó Ana Morales, profesora de un liceo público en Santiago. «Nosotros somos los que educamos a las futuras generaciones, pero nadie nos está cuidando a nosotros».
Por otro lado, las deudas aplazadas están paralizando proyectos clave en regiones. Municipios enteros han visto cómo obras de infraestructura, como escuelas y caminos, quedan suspendidas debido a la falta de financiamiento.
