La denuncia de abuso sexual y violación contra Manuel Monsalve, presentada el 14 de octubre de 2023 por una asesora de la Subsecretaría del Interior, ha generado una fuerte controversia política y social en Chile. La demora en la respuesta del gobierno y el manejo del caso han provocado críticas tanto de expertos como de la opinión pública, cuestionando la transparencia y la eficacia en la gestión de denuncias de alto perfil.
Denuncia y Respuesta del Gobierno
El caso salió a la luz cuando María Elena Santibáñez, abogada de la víctima, reveló detalles de la denuncia y expresó su preocupación por la falta de celeridad del gobierno en solicitar la renuncia de Monsalve. Aunque este renunció el 17 de octubre, la abogada cuestionó públicamente por qué la acción no fue inmediata, considerando que el fiscal Xavier Armendáriz ya había iniciado diligencias con autorización judicial.
Durante una entrevista en Radio Cooperativa, Santibáñez enfatizó la necesidad de actuar con mayor urgencia y subrayó que el gobierno tenía conocimiento de las investigaciones en curso. Este aparente retraso en la toma de decisiones levantó sospechas sobre una posible falta de compromiso con las víctimas y la justicia.
El Reconocimiento de la Ministra Carolina Tohá
En una sesión de una comisión investigadora, la ministra del Interior, Carolina Tohá, admitió que la renuncia de Monsalve debió haberse solicitado antes. Este reconocimiento, aunque significativo, no logró calmar las críticas, sino que reforzó la percepción de un manejo inadecuado del caso por parte del gobierno.
El debate público no solo se centra en la figura de Monsalve, sino también en la actuación del Ejecutivo, que ha sido señalado por actuar de forma reactiva en lugar de proactiva frente a una denuncia de esta gravedad.
Críticas al Manejo del Caso
Las críticas no se hicieron esperar. Diversos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de derechos humanos y figuras políticas, han señalado que la demora en la solicitud de renuncia y la falta de un protocolo claro para manejar denuncias de este tipo muestran una debilidad estructural en el gobierno.
Además, la actuación del fiscal Xavier Armendáriz, quien lidera la investigación, también ha sido objeto de escrutinio, generando preguntas sobre el nivel de cooperación entre las instituciones judiciales y gubernamentales en casos de esta magnitud.
Impacto en la Opinión Pública
Este caso ha alimentado un debate mayor sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y responsabilidad dentro del gobierno chileno. ¿Cómo puede garantizar el Ejecutivo un manejo más diligente y sensible de denuncias similares en el futuro? ¿Qué rol juegan los protocolos internos en proteger a las víctimas y asegurar justicia?
